Hoy viernes 5 de agosto de 2016 en la sede de Banco Central de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha ratificado la decisión del todo el equipo de gobierno, de entregar por un puñado de dólares, un 12% del territorio nacional a la voracidad depredadora de las corporaciones mineras y el capital financiero internacional.

El presidente declaró, pretendiendo descalificar al movimiento que viene rechazando este proyecto que: “los que se oponen a ese emprendimiento son mafias de la minería ilegal, las que estarían recibiendo mucho dinero. Pero en una muestra de “amplitud” sin precedentes o en todo caso, de esquizofrenia política, invitó luego a debatir a los que adversan el proyecto, es decir a esas mafias[i].

Según la reseña del Correo del Orinoco, los acuerdos, contratos y un memorando firmados, alcanzan la cifra de 4.500.- millones de dólares. Y en el anuncio, el presidente afirmó al mismo tiempo: a) que las empresas no utilizarán mercurio. b) que el 60% de los ingresos obtenidos por el estado por ese emprendimiento irán a las misiones sociales. c) Y que son recursos que vienen a mover la economía, a desarrollar la economía.

Las tres afirmaciones que el periódico, que es el vocero oficial de la Presidencia de la República, pone en boca del presidente Maduro, son cuestionables y algunas de ellas directamente falsas y manipuladoras. Cuando, según el periódico, el presidente afirma que en el emprendimiento no se utilizará mercurio, es porque en la actualidad la minería a cielo abierto ha dejado de usarlo para suplantarlo por cianuro, mucho más nocivo que el anterior. Por su parte, los contratos y el memorando se firman en la oscuridad. No se conocen las condiciones, las proporciones en que participará el estado en el emprendimiento, ni se clarifica si se cumplirán las normas constitucionales y legales existentes en el país. También se manipula cuando se afirma que el 60% de los ingresos irán a las Misiones Sociales, ya que el decreto que se conoce y que fue publicado en Gaceta en febrero de este año, señala que las empresas que allí inviertan tendrán regímenes especiales en las áreas laborales, impositivas y de la entrega del resultado de su explotación. En todo caso, se estaría comprometiendo la vida, el agua, el ambiente y la sustentabilidad de las nuevas generaciones por la dudosa incorporación a las Misiones de un 60% de poco y nada.

Por otra parte, también es una manipulación la afirmación de que la inversión acordada para los años 2016 y 2017 “moverá la economía, desarrollará la economía”, ya que la inversión anunciada es de menos del 15% de lo que Venezuela ha pagado de Deuda Externa entre el 2015 y lo que va de 2016. Y de apenas el 1,5% (Uno y Medio por ciento) del Desfalco a la Nación reconocido por el propio presidente Maduro.

Desoyendo los reclamos y el rechazo de miles ciudadanos preocupados por la catástrofe ambiental que se avecina, por la clara entrega de soberanía, por el etnocidio que significa el decreto publicado en Gaceta y, rechazando destempladamente, calificándolos de mafiosos, el presidente arremete sin nombrarlos contra miles de académicos, ambientalistas, movimientos sociales, que repudian de manera contundente y con pruebas que demuestran sus afirmaciones, un proyecto a todas luces servil del capital financiero internacional.

También descarta la extendida y rechazada experiencia depredadora y de consecuencias irremediables de toda la minería a cielo abierto en el continente. Esta práctica es combatida por las comunidades en América latina desde México hasta Argentina y Chile y en muchos de estos países es avalada, casi con los mismos argumentos, por gobiernos que el presidente califica de neoliberales, como el de Macri en Argentina o el de Peña Nieto en México.

Entre tanto, al tiempo que se desarrollaba la actividad encabezada por Maduro, la frase Arco Minero se convirtió en tendencia en las redes sociales pero la etiqueta que destaca es la de #NoAlArcoMinero. Mostrando el rechazo masivo a ese emprendimiento depredador. 

Sin realizar los estudios de impacto ambiental, sin tener en cuenta la opinión de expertos y estudiosos. Y mucho menos la opinión de la población, se está dando, desde la cúpula del gobierno un nuevo paso en su ruptura con el proyecto del proceso bolivariano. La historia recordará este intento, que seguramente fracasará, como el de un gobierno que pretendió entregar el país en una infame bandeja de oro.