Palpablemente no hay un tema al cual ni las fuerzas de cambio ni la reacción neoconservadora estén priorizando como camino crítico para lograr sus propósitos marcadamente antagónicos. Casi a diario asuntos de la más variada naturaleza se colocan en el debate a manera de una vorágine que no puede ser seguida por el hombre de a pie. De este modo se esta produciendo una nueva exclusión del ciudadano común a quien se le está inhibiendo su participación en el proceso de reordenar la realidad social en la cual se desarrolla su devenir. En estas circunstancias la vida política del país se desarrolla como una sucesión de escándalos que buscan descalificar al adversario como indigno para participar en el debate político. Se escandaliza sobre cuestiones serias como la reforma constitucional y sobre cuestiones banales como el asunto del contrabando de dinero en Argentina. Lo que se busca es “el asesinato del carácter” de los diversos actores políticos sin apuntar hacia ningún argumento que facilite la discusión. Nuevamente como ocurría en la etapa final del “puntofijismo”, los protagonistas de la acción política son los “cogollos” de los diferentes bandos en pugna, usando como instrumentos los medios de comunicación masivos. Los programas más obscenos de los medios controlados por cada facción son los que acaparan la atención pública, aprovechando ese sadismo siempre presente en la conducta humana

No obstante en ese torbellino de temas sobresale el ya mencionado de la reforma constitucional. De ella el punto más utilizado para los fines del alboroto es la cuestión de la elección continuada, siguiéndole muy atrás el asunto de la nueva geometría del poder. Pero el asunto de fondo más significativo en esta materia es la consideración del poder popular como un poder nacional. Es un tema que afecta los intereses vitales de los contendientes. Para las fuerzas de cambio representa el establecimiento indisoluble del poder constituyente que garantiza la continuidad de la revolución. Para las fuerzas de la inercia implica el abandono definitivo de la idea de la democracia representativa. Empero es soslayado por unos y otros. En la reacción contrarrevolucionaria apenas algunos comentaristas aislados han llegado a calificar esta proposición como el establecimiento de una oclocracia. Es decir, la instauración del gobierno de la plebe. Pero en general no ha escandalizado sobre el asunto. Necesitan de esa plebe para justificar la idea de la representación. Por ello no hay que descalificarla públicamente.

Pero aunque en el campo revolucionario no se ha esquivado de esa manera el tema, tampoco se ha colocado como objetivo político central del proceso de cambios. La concentración de los esfuerzos para la promoción de la inscripción de aspirantes a la militancia en el PSUV, que sería la avanzada de ese poder constituyente, se ha debilitado notoriamente en lo que respecta al estimulo de la convocatoria de las asambleas locales de los batallones socialistas donde se iniciaría el debate para la formulación de la tesis política y el programa de acción del partido y del gobierno revolucionario. La desinformación sobre la conformación de esos batallones que serían los núcleos de la acción para fomentar la participación popular en el diseño de las políticas públicas, ha sido el signo distintivo de esta etapa del proceso constitutivo de este instrumento de acción política. No se ha estimulado, como se hizo con la inscripción de aspirantes, la emulación entre las comunidades por el logro de los mejores resultados en esta fase de la operación. Unos resultados que se podrían expresar en la hechura de un congreso fundacional conformado por quienes apropiadamente pueden llamarse el sequito del líder. Un conjunto que ya tiende a configurar una nueva clase privilegiada que opacaría la palabra de quienes son los voceros naturales de las comunidades organizadas. Así se pierde la posibilidad del dialogo y el debate que permitiría el progreso de los venezolanos.