La crisis sacude a la Unión Europea hasta sus cimientos. Para muchos países la soga de la deuda pública se cierra en torno a sus cuellos, presos de los mercados financieros. Con la complicidad activa de los gobiernos, de la Comisión europea, del Banco Central Europeo y del FMI, las instituciones financieras que originaron la crisis especulan con las deudas de los Estados y exigen el reembolso al precio de una austeridad salvaje. Se ha lanzado una ofensiva brutal contra una serie de derechos económicos y sociales de la mayoría de la población.

La reducción de los déficit públicos no debe hacerse reduciendo los gastos públicos sociales, sino por medio del incremento de los ingresos fiscales, la lucha contra el fraude fiscal y gravando más el capital, las transacciones financieras, el patrimonio y las rentas de los ricos. Para reducir el déficit es necesario también reducir radicalmente los gastos producidos por el reembolso de la deuda pública, cuya parte ilegítima se debe anular. El recorte de los gastos debe aplicarse también al presupuesto militar, así como a los gastos socialmente inútiles y peligrosos para el medio ambiente. A cambio es fundamental incrementar los gastos sociales, en particular para paliar los efectos de la depresión económica. También se deben incrementar los gastos en las energías renovables y en determinadas infraestructuras como los transportes públicos, los centros educativos o los centros públicos de salud. Una política de relanzamiento por la demanda pública y por la demanda de la mayoría de los hogares también generará una mayor recaudación de impuestos. Pero, más allá, la crisis debe ser la oportunidad de romper con la lógica capitalista y de realizar un cambio radical de sociedad. La nueva lógica que hay que construir deberá dar la espalda al productivismo, incluir el factor ecológico, erradicar las diferentes formas de opresión (racismo, patriarcado…) y promover la propiedad común.

Para eso es necesario construir un amplio frente anticrisis, tanto a escala europea como local, con el fin de agrupar las energías para crear una relación de fuerzas favorable a la puesta en práctica de soluciones radicales centradas en la justicia social y climática. La realización de una auditoría de la deuda pública efectuada bajo control ciudadano, combinada con una suspensión unilateral y soberana del reembolso de la deuda pública, permitirá llegar a la anulación o repudio de la parte ilegítima de la deuda pública y a una fuerte reducción del resto de la deuda.

En primer lugar no hay que mantener las lealtades a la deuda decididas por los acreedores, en particular debido a las severas contrapartidas que implican. El plan de reducción de una parte de la deuda griega que se ha puesto en marcha en marzo de 2012 se condiciona a la aplicación de otra dosis de medidas que pisotean los derechos económicos y sociales de la población griega y la soberanía del país[2]. Según un estudio realizado por la Troika, a pesar de la reducción de la deuda concedida por los acreedores privados, el endeudamiento público de Grecia llegará ¡al 164% del PIB en 2013![3]  Por lo tanto hay que denunciar la operación de reducción de la deuda griega tal como se está haciendo en la actualidad y oponer una alternativa: la anulación de la deuda, es decir, su repudio por parte del país deudor, es un acto soberano unilateral muy fuerte.

¿Por qué el Estado endeudado debe reducir radicalmente su deuda pública procediendo a la anulación de las deudas ilegítimas? En primer lugar por razones de justicia social, y además por razones económicas que todos y cada uno pueden comprender y hacer suyas. Para salir bien de la crisis no es suficiente el relanzamiento de la actividad económica gracias a la demanda pública y de las familias. Porque si nos conformamos con ese tipo de política del relanzamiento unida a una reforma fiscal redistributiva, los ingresos fiscales suplementarios serían absorbidos ampliamente por el reembolso de la deuda pública. Las contribuciones que se impondrían a los más ricos y a las grandes empresas privadas se compensarían con largueza con la renta que sacan de las obligaciones del Estado de las cuales son, con mucho, los principales poseedores y beneficiarios (razón por la cual no quieren oír hablar de anulación de la deuda).

Por lo tanto está claro que es necesario anular una gran parte de la deuda pública. La amplitud de esa anulación dependerá del grado de conciencia de la población víctima del sistema de la deuda (a ese nivel, la auditoría ciudadana desempeña un papel crucial), de la evolución de la crisis económica y política y sobre todo de las relaciones de fuerza concretas que se construyan en la calle, en las plazas públicas y en los centros de trabajo a través de las movilizaciones actuales y futuras. En algunos países como Grecia, Portugal, Irlanda y Hungría, la cuestión de la anulación de la deuda es un asunto de plena actualidad. Para España e Italia está a punto de serlo. Y pronto este tema será un punto central del debate político en muchos países.

Las naciones que ya están sometidas al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros organismos como la Comisión Europea, conviene que recurran a una moratoria unilateral del reembolso de la deuda pública. Esta propuesta se hizo popular en los países más afectados por la crisis. A finales de noviembre de 2010 en Dublín, una encuesta realizada a 500 personas indicaba que el 57% de los irlandeses encuestados se pronunció a favor de suspender el pago de la deuda (default, en inglés) antes que por la ayuda de emergencia del FMI y de Bruselas. «Default!, say the people» (¡Suspensión!, dice el pueblo) titulaba el Sunday Independent, principal semanario de la isla. Una moratoria unilateral de ese tipo debe combinarse con la realización de una auditoría ciudadana de las deudas públicas que debe permitir que se suministren a la opinión pública las pruebas y los argumentos necesarios para repudiar la parte de la deuda identificada como ilegítima. Como ha mostrado en CADTM en varias publicaciones, el derecho internacional y el derecho interno de los países ofrecen una base legal para una acción de ese tipo, soberana y unilateral.

La auditoría también debe permitir que se determinen las diversas responsabilidades en el proceso de endeudamiento y que se exija que los responsables, tanto nacionales como internacionales, rindan cuentas ante la justicia. En todos los casos particulares es legítimo que las instituciones privadas y las personas de altas rentas que poseen los títulos de esas deudas soporten la carga de la anulación, porque tienen una amplia responsabilidad en la crisis, de la que por añadidura se han beneficiado. El hecho de que deban soportar esa carga solo es una vuelta justa hacia una mayor justicia social. Por lo tanto es importante crear un registro de los poseedores de títulos con el fin de indemnizar de entre ellos a las personas con rentas bajas y medias.

Si la auditoría demuestra la existencia de delitos relacionados con el endeudamiento ilegítimo, sus autores deberán ser condenados con severidad a pagar las reparaciones y no se les debe permitir que se libren de las penas de cárcel en función de la gravedad de sus actos. Hay que llevar ante la justicia a las autoridades que asumieron préstamos ilegítimos.

En cuanto a las deudas que no estén afectadas de ilegitimidad según la auditoría, convendría imponer un esfuerzo a los acreedores en términos de reducción del stock y de las tasas de interés, así como una ampliación del período de reembolso. También sería útil realizar una discriminación positiva a favor de los pequeños poseedores de títulos de deuda pública que habría que reembolsar de forma normal.

Por otro lado, la parte del presupuesto del Estado destinada al reembolso de la deuda deberá tener un tope en función de la solvencia económica, la capacidad de los poderes públicos de reembolsar y el carácter irreducible de los gastos sociales. Podemos inspirarnos en lo que hizo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial: El acuerdo de Londres de 1953, que consistía en particular en reducir el 62% del stock de la deuda alemana, estipulaba que la relación entre el servicio de la deuda y los ingresos de las exportaciones no debía sobrepasar el 5%[4]. Se podría establecer una ratio de este tipo: la suma asignada al reembolso de la deuda no puede exceder el 5% de los ingresos del Estado.

También es necesario crear un marco legal para evitar que se repita la crisis que empezó en 2007-2008: prohibición de socializar las deudas privadas, obligación de organizar una auditoría permanente de la política de endeudamiento público con participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos relacionados con el endeudamiento ilegítimo, anulación de las deudas ilegítimas, adopción de la regla de oro de que los gastos públicos que permiten garantizar los derechos humanos fundamentales son irreducibles y están por encima de los gastos relativos al reembolso de la deuda…

Los caminos alternativos no faltan.

Traducido para Rebelión por Caty R. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=147791

Fuente: http://www.cadtm.org/Pourquoi-annuler-la-dette