La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, frente a la militarización en territorio de la nacionalidad Shuar y la detención de nuestro compañero Agustín Wachapá, presidente de la Federación Interprovincial de Pueblos Shuar, FICSH, expresamos lo siguiente:
– La detención del compañero Agustín Wachapá es arbitraria ya que fue aprehendido sin que se respete sus derechos como índigena shuar. Además, fue golpeado y denigrado, demostrando el racismo y la violencia del Estado hacia los Pueblos Indígenas. Exigimos la libertad de Agustín Wachapá y la de los 5 presos más sobre caso Nankints.
– La violencia tiene un origen y es la acción del Estado de permitir el paso de empresas mineras china sin Consulta Previa Libre e informada. El gobierno habla de cumplir el Estado de Derecho, justamente exigimos que cumpla con los derechos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas y los Derechos de la Naturaleza que están consagrados en la Constitución y en acuerdos internacionales (convenio 169-OIT), que también forman parte de la Constitución.
– El gobierno de Rafael Correa está empujando a las Fuerzas Armadas a cumplir un papel al cual nunca antes habíamos visto, ni siquiera en épocas de dictadura. El movimiento indígena en la historia del país hemos mantenido una relación de respeto con las Fuerzas Armadas. Inclusive, muchos hermanos Shuar pelearon en la guerra con Perú junto a las Fuerzas Armadas para defender la Coordillera del Condor, territorio hoy entregado a empresas mineras chinas y canadienses.
– Sabemos que las Fuerzas Armadas estarían dispuestas a buscar otras salidas al conflicto que no incluya las acciones represivas contra el propio pueblo ecuatoriano. Esto lo demuestra lo sucedido en Sarayaku, donde hubo una salida dialogada, pero el presidente Correa desconoció y desautorizó provocando mayor conflicto y ratificando su carácter prepotente y racista.
– El presidente Correa es incapaz de encontrar otras salidas a los conflictos que no sea con el autoritarismo, la violencia y la violación de derechos, lo cual está llevando al país a una situación de confrontación grave.
– El Estado de Excepción es inconstitucional por generar mayor violencia y conflicto de los que pretendía solucionar. Muestra clara de que el gobierno está dispuesto a poner en riesgo la estabilidad del país para garantizar a las empresas mineras chinas su permanencia y seguridad para extraer recursos y ganar dinero. El capital sobre el ser humano. Los militares no están defendiendo la seguridad de la población, sino la de las empresas transnacionales que tienen concesionadas grandes hectáreas de territorio ecuatoriano como propiedad privada.
– Como CONAIE pedimos una salida al conflicto que no incluya la militarización del territorio y de la sociedad. El gobierno debe escuchar las exigencias legítimas del pueblo índigena, debe respetar nuestros Derechos y los derechos de la naturaleza. Exigimos que pare la persecución y detención arbitaria de indígenas y campesinos en Morona Santiago y en todo el país, sólo por el hecho de defender sus derechos.
– En los últimos días la CONAIE reiteró el pedido al Nuevo Coordinador recidente de ONU para que intervenga dentro de una Comisión para Mediar el Conflicto. Así mismo pedimos a la Iglesia Católica que intervengan en esta Comisión intermediadora.
Ratificamos nuevamente nuestra disposición a buscar una salida a este conflicto y a poner un alto a la violencia generada por una secuencia de acciones del Estado y las empresas mineras en los territorios.
Agradecemos la solidaridad del pueblos ecuatoriano y de organizaciones indígenas, de derechos humanos de toda América Latina y el mundo y hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar atentos y vigilantes de lo que suceda en Ecuador especialmente con nuestras hermanas y hermanos de la Nacionalidad Shuar cuyo territorio, cuya vida y sobrevivencia está en peligro.
Por el Consejo de Gobierno, Jorge Herrera, Presidente CONAIE
