Este miércoles 28 de mayo, en un acto de la más clara injerencia, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó un paquete de sanciones a funcionarios venezolanos por supuestas violaciones a los derechos humanos, vetando el ingreso de los mismos a los EEUU y el congelamiento de activos en territorio gringo. Este pronunciamiento se dio en medio de las denuncias que el Alto Mando de la Revolución expresaba a los medios de comunicación en donde revelaba detalles del Golpe de Estado y del Magnicidio.
Las guarimbas que no han cesado y los pronunciamientos estadounidenses, unidos al sabotaje a la producción, la especulación, el contrabando, el acaparamiento, los desabastecimientos programados y selectivos, el Golpe de Estado y el Magnicidio, todos estos elementos, configuran una agenda de guerra abierta contra el Gobierno Revolucionario y contra los chavistas.
En esta guerra el Gobierno Nacional y el PSUV deben convocar a los sectores revolucionarios y a todo el pueblo a la calle a defender nuestra independencia y soberanía ¿Cúando se va a convocar una concentración a las puertas de la embajada estadounidense en repudio al financiamiento al Golpe y al Magnicidio? ¿Cuándo se va a convocar al pueblo a repudiar al Imperialismo y a defender nuestras conquistas? ¿Se han generado las órdenes de captura contra los implicados en el Golpe de Estado, o estamos esperando que salgan del país?
Me disculpan la carga emotiva en estas palabras, pero hay inconformidades que hay que expresar. En quince años de agresiones del Imperio contra la Revolución, NUNCA hemos ido a decirle, directamente al Imperio en su embajada, lo que realmente siente el pueblo venezolano. Cuando el movimiento popular se ha querido acercar, la respuesta siempre ha sido que debemos esperar el momento político y las órdenes de “arriba”.
Otro tema es el de la impunidad. Esta ha sido total y si nos vamos a evaluar cómo han sido las respuestas a los secuaces de los gringos en el país, la molestia se acrecienta. Tenemos a un Capriles que luego del proceso electoral del año pasado y luego de una decena de muertos generados por su culpa, sigue libre con total impunidad. El “periodista” Bocaranda que mostró las fotos diciendo que en los CDI se estaban quemando las boletas electorales sigue impune caminando por ahí. La embajadora panameña, después de todo lo que ha hecho, sigue impune. Y la peor sospecha que se tiene es que uno no sabe si los golpistas del 2002, Molina Tamayo, González González, Guaicaipuro Lameda, Carmona Estanga, Orlando Urdaneta, etc, etc, estén deambulando por el país con la misma impunidad con que estuvo el expresidente y prófugo de la justicia venezolana, el Sr. Lusinchi, quien estuvo libremente durante SEIS años en Venezuela. Por allí anda también un empresario que decía que él especulaba pero daba empleo. Aún confeso de su delito está en total libertad.
¿Cuándo le vamos a pedir Visa a los gringos que deseen visitar a Venezuela? Debería haber un trato recíproco al que reciben los venezolanos que van a los EEUU. ¿Si EEUU aplican sanciones a funcionarios venezolanos, haremos lo mismo con ellos?
No soy optimista con esto y a los hechos me remito. De acuerdo al quinto Objetivo Histórico del Plan de la Patria, todos deberíamos estar comprometidos en la defensa del ambiente y en la preservación de la vida en el planeta. Sin embargo, la semana pasada firmamos, a través de la empresa mixta Petrowayuu, unos convenios para la explotación de reservas de petróleo y gas de esquisto en el occidente venezolano. Para estas explotaciones se estarán usando las “novedosas” técnicas de fractura hidráulica, totalmente rechazadas a nivel mundial por ser altamente contaminantes, generadoras de desequilibrios ambientales, por aumentar las actividades sísmicas y por destruir manantiales y pozos subterráneos en todo el mundo. Los EEUU y Canadá son de los pocos países en el mundo que defienden el Fracking. Imaginen el impacto desastroso en la cuenca del Lago de Maracaibo. Esto será un crimen ambiental que cuenta con una sospecha de impunidad.
El PSUV debe levantar una voz contundente de denuncia en el caso de la explotación petrolera a través de las fracturas hidráulicas, debe obligar al Gobierno y a la Fiscalía a luchar de manera más eficaz contra la impunidad y en el III Congreso próximo a realizarse debe convocar al pueblo a que se incorpore en la defensa en la calle de la Revolución. ¡¡ No le tengamos miedo al pueblo, vamos a la calle !!
