Las reformas neoliberales que siguieron a la crisis del modelo rentista venezolano, acentuada hacia finales de los años ochenta y sostenida en la década de los noventa, catalizaron la resistencia de las mayorías populares y trabajadoras, precipitando el derrumbamiento de la clase política representada por el bipartidismo. Bajo este signo ocurre la llegada al gobierno de un militar bolivariano de retórica nacionalista, con el apoyo marcado de las masas empobrecidas, bajo la bandera de impulsar un proceso constituyente. El estremecimiento político desplomó la corroída fachada del sistema, pero dejó intacta su estructura. La quinta república ha resultado una nueva fachada para el sistema de clases en Venezuela: mientras que ha mostrado una cara democrática más abierta y permeable que el régimen populista, no ha significado transformaciones desde el punto de vista de clase. Estas transformaciones ni siquiera formaron parte del programa de un gobierno con marcadas contradicciones de clase en lo interno. La Constitución Bolivariana del año 1999 plantea elementos progresistas en lo político, como la consagración formal de espacios para la participación popular, o los instrumentos refrendarios; se salda una deuda histórica con el reconocimiento expreso de crímenes de lesa humanidad que en otros tiempos fueron moneda común (desapariciones forzadas, torturas y asesinatos políticos); se plantea un modelo de defensa nacional integral, que incluye la dimensión social; estos entre otros aspectos. En lo económico, plantea una economía de mercado con la participación de medios de producción democráticos, como las cooperativas, al lado de la antidemocrática propiedad privada productiva.
La recuperación de una política petrolera de signo nacional, frente a la estrategia subordinada a intereses imperialistas de la anterior tecnocracia petrolera, aún cuando no ha logrado superar su relación de dependencia tecnológica y económica respecto del capital extranjero, rasgo neocolonial de la industria petrolera, ha significado una recuperación de la renta que el Estado obtiene de la explotación petrolífera, y de la participación del Estado en el negocio petrolero. El nacionalismo y el latinoamericanismo del gobierno bolivariano significaron, los primeros años de esta década, la reivindicación de trincheras políticas y jurídicas frente a la globalización capitalista, en un momento histórico en el que la dominación imperial profundiza su dimensión transnacional, y la periferia económica marcha hacia la anulación de las soberanías nacionales, a favor de instrumentos multilaterales de consenso de la burguesía, como el ALCA. La pretensión del gobierno de impulsar un modelo desarrollista, bajo la consigna del desarrollo endógeno, no hace sino perseguir la aplicación de premisas básicas de las economías capitalistas exitosas. En acuerdo con este propósito, se impulsa el fortalecimiento de la participación estatal en el negocio petrolero y gasífero, la subordinación de la propiedad de la tierra a un criterio productivo, la diversificación económica, el apoyo a la pequeña y mediana industria, la defensa de la soberanía económica frente a la agenda de la banca multilateral (BM, FMI). Por su sesgo antimonopólico, estas medidas contempladas en la legislación que se deriva de la Ley Habilitante del año 2001, aún cuando moderadas y de corte desarrollista, son rechazadas por la cúpula empresarial, eclesiástica, y militar. Esta trinidad fascista, aunada a los desacreditados operadores políticos de la derecha (una parte de esta bajo la fachada de la ultraizquierda), protagoniza un golpe de estado en Abril de 2002, patrocinado y asesorado por agentes del gobierno estadounidense, y luego asistido diplomáticamente por los EEUU y España, principalmente. Luego de que el golpe es aplastado por la movilización del pueblo y los militares constitucionalistas, los meses subsiguientes permiten al estamento militar depurarse de sus elementos más reaccionarios, sobre todo el generalato fascista formado en la tradición de la Escuela de las Américas. Luego vendría la vitrina ultraderechista de la Plaza Altamira , en la que se combinarían los extremos más delirantes del culto al militarismo y la imaginería católica. La base social del fascismo, guardando fidelidad a una constante histórica del siglo XX, es una clase media sin perspectivas, con el agravante de que en Venezuela se trata de una clase media tremendamente atrasada culturalmente, dependiente y consumidora de los modelos de la comunicación de masas estadounidense. Se trata del único grupo social venezolano cuya utopía se encuentra en el pasado. Con la Plaza Altamira como escenario, la alta jerarquía de la Iglesia , en la persona del rector de la UCAB , Luis Ugalde, participa en la preparación de un documento programático para la "unidad nacional", una especie de acuerdo mínimo entre las mafias de la CTV y Fedecámaras, apoyadas en los militares ultraderechistas, para un gobierno posterior al derrocamiento del gobierno bolivariano. De esta manera se resguardaban los agentes golpistas del desorden y las rebatiñas de poder que sucedieron al golpe de abril.
Para que se cumpliese la profética caída, se lleva a cabo el peor crimen económico contra la nación desde el bloqueo imperialista que las potencias acreedoras realizaron en contra del gobierno de Cipriano Castro a comienzos del siglo XX: el sabotaje de la industria petrolera por parte de la tecnocracia, y el paro patronal. Junto a la internacionalización del negocio petrolero, eufemismo oficial para la exportación masiva de capitales, este último gesto traidor será recordado como el mérito distintivo de los autodenominados meritócratas.
La radicalización de las contradicciones entre el fascismo y el gobierno bolivariano llega a su punto culminante en la derrota popular del sabotaje, y tendrá su expresión política en la derrota aplastante de la pretensión de los operadores de la burguesía de revocar electoralmente, luego de sendas derrotas en los frentes militar y económico, al Presidente Chávez en Agosto de 2004. El saldo de estas derrotas del fascismo permite al gobierno contar con una palanca económica, PDVSA, y disminuye la amenaza golpista, al ser significativamente neutralizada el ala de extrema derecha de la Fuerza Armada. Luego de la victoria electoral de agosto, se vislumbra por primera vez desde 1998 un escenario estratégico semejante en el que el gobierno puede tomar la ofensiva, apoyado además en la emergencia de gobiernos moderados de izquierda en Latinoamérica, un escenario geopolítico antes monocolor y derechista.
El año 2005 se introduce un elemento radical en la orientación política del gobierno nacional, con la proclamación de la perspectiva socialista de la revolución bolivariana. El presidente Chávez plantea que la tesis socialista debe estar " en acuerdo con las ideas originales de Marx y Engels", pero con especificidades "del siglo XXI", que le diferencien de las experiencias fallidas del llamado "socialismo real". Se trata de un socialismo por construir, partiendo del reconocimiento de las condiciones objetivas y subjetivas propias del país y del mundo en este nuevo siglo. La discusión de una nueva doctrina de defensa nacional se enmarca en una concepción racional de las asimetrías frente a la principal amenaza militar convencional, los EEUU. Nacen la Reserva y la Guardia Territorial, como intentos de avanzar hacia la democratización de la defensa nacional.
Sin embargo, 6 años de gobierno no pasan en vano. Pese a las sanas intenciones del gobierno nacional, las tendencias monopólicas inherentes al capitalismo impiden avanzar en ese marco hacia los objetivos económicos trazados en la Constitución y en las nuevas leyes. Los operadores de un Estado que no cambió estructuralmente terminaron constituyendo, al amparo de una ideología oficial plagada de indefiniciones, una naciente clase política, mediadora privilegiada entre el Estado y el capital, heredera de las tradiciones corruptas de los empresarios y la burocracia estatal durante el bipartidismo.
Luego de la derrota de las arremetidas fascistas de 2002 y 2003, el empresariado capitalista llegó progresivamente a entendimientos con el gobierno nacional, y se perdió por la vía de las negociaciones lo que el pueblo había defendido tenazmente en las calles. Un ejemplo de la claudicación es el que representa la hegemonía del entramado monopólico agroindustrial de las empresas Polar. La política antimonopólica que inicialmente llevó a la creación de la red de comercialización de alimentos Mercal, y a medidas como la ocupación de silos ociosos pertenecientes a este grupo empresarial, dió paso a la entrega del programa Mercal al poderoso grupo Polar, actualmente su casi exclusivo proveedor. Otro caso es el de la especulación financiera, que sigue rindiendo dividendos espectaculares a la banca privada, la cual ha sacado en los dos últimos años ganancias récord. En la relación oficial con los medios de comunicación privados, instrumentos principalísimos de las aventuras antidemocráticas de la derecha, se avanzó con la promulgación en el año 2005 de una moderada Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, satanizada por el fascismo como "Ley mordaza", pero que no ha sido aplicada contra los abusos cotidianos de las empresas privadas que controlan el 80% del espectro radioeléctrico.
La dinámica electoral de la política nacional es empleada con criterio tacticista por la burocracia reformista para diferir cualquier medida de corte socialista, pese a que en la campaña presidencial de Diciembre del año 2006 la opción más votada está claramente identificada como socialista, y la mayoría de la población se identifica en diversas encuestas con la vía socialista. La reelección del Presidente Chávez es seguida por dos series de anuncios contradictorios: la conformación de un instrumento partidista para la revolución socialista, el Partido Socialista Unido de Venezuela; y el nombramiento de un gabinete de más de veinte ministerios, varios de ellos nuevos, que al tiempo que adquieren el apellido "del Poder Popular", son representados por ministros oportunistas y de derecha en su absoluta mayoría. Uno de los más prominentes derechistas es el ministro de Economía, Rodrigo Cabezas, otrora promotor de una Ley Orgánica de Hacienda Pública que contemplaba la privatización de recursos hídricos y mineros de la nación. Otro caso emblemático ha sido el del ministro del Trabajo y Asistencia Social, José Ramón Rivero, representante del sindicalismo burocrático, cuya tarea en la cartera ministerial ha consistido en atacar a la Unión Nacional de Trabajadores, particularmente a la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (CCURA), y destruir los experimentos de relaciones de producción socialistas en Venezuela, como el control obrero de la empresa Sanitarios Maracay, conflicto en el que el ministerio se hizo brazo gubernamental de los patronos.
En vísperas del nacimiento efectivo del PSUV ocurren dos hechos notorios: el alejamiento público del Presidente respecto del general Alberto Müller Rojas, debido a diferencias en torno a manifestaciones sintomáticas de la vigencia del viejo modelo militar, y el poder de la casta que lo representa; y el anuncio presidencial de que el PSUV no tendrá una perspectiva de clases marxista, por tratarse de una tesis "obsoleta", según el presidente. El teórico detrás de esta supuesta caducidad del marxismo es el intelectual Heinz Dieterich. La defensa presidencial de la "profesionalización" de la Fuerza Armada, y los gastos militares en equipos y armamento sofisticados, va en sentido contrario a las tesis de la guerra asimétrica y la democratización de las tareas de defensa nacional, y apuntala el viejo modelo, defendido por el alto mando militar. La democratización del uso de la fuerza es una condición necesaria para la democratización real del país, y por esta razón reviste una especial significación que se desechen los aspectos más avanzados de la discusión de la nueva doctrina militar, aquellos que precisamente abordan la necesidad de redefinir el sujeto militar superando la función pretoriana de la FAN como instrumento de control social.
El lineamiento dictado por el presidente Chávez al PSUV, excluyendo la posibilidad de que el partido asuma un carácter clasista, como una condición previa a los debates doctrinarios que debían desarrollarse entre la militancia, aleja nuevamente la posibilidad de la construcción socialista, y da fuerza a las corrientes reformistas que promueven, bajo la consigna de la "modernización de la izquierda", el abandono de las posturas clasistas y revolucionarias, vaciando al "socialismo" de todo contenido socialista.
Este viraje hacia la derecha luego del triunfo electoral del 2006, equivalente a un golpe silencioso, significa el abandono de la tesis central de la campaña que llevó al presidente a su reelección: la construcción de una sociedad socialista. Este golpe silencioso es una demostración del gran poder de la nueva clase política y la casta militar, enemigos privilegiados del socialismo. Se trata de una clase política carente de representatividad real, cuyo ascenso se ha operado a la sombra del prestigio popular del presidente Chávez, y que funge como el administrador estatal del modelo del capitalismo con pretensiones desarrollistas. Su mediación con la clase capitalista le vale toda suerte de negocios, por lo que implica una condición económica de gran privilegio, su función estructural no se diferencia de aquella que correspondió a la clase política del bipartidismo, de tal manera que comparte con aquella muchos de sus rasgos y modos de obrar. La alta burocracia cuenta con altísimos sueldos, que no han sido tocados pese al anuncio presidencial, posterior a la reelección, de una Ley de Emolumentos que regularía esta situación. Un caso demostrativo del cinismo con que la casta burocrática asume el discurso oficial ha resultado el de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos salarios ascendían a más de sesenta salarios mínimos por mes al momento en que se ventilara públicamente el tema. Los magistrados resolvieron, en un supuesto acto de contrición, rebajarse a la mitad el salario, pero acto seguido la Sala Constitucional del Tribunal reformó, usurpando la función legislativa, un artículo de la Ley de Impuesto sobre la Renta. La aplicación del artículo reformado permitía un ahorro millonario a los magistrados en el pago de impuestos, al no considerar parte del salario los enormes bonos de los que gozan esos cargos.
El espacio para el apoyo crítico de los revolucionarios al proceso bolivariano se reduce luego del distanciamiento oficial respecto de la posibilidad de construcción del socialismo. Sobre el camino de esta cuchilla caminamos: entre el fascismo, que intentará cosechar de las contradicciones internas del chavismo y avanzar sobre la base de las concesiones entregadas por el reformismo gubernamental; y por el otro lado la nueva clase política, que aspira a consolidarse en paradigma análogo a la "Revolución Institucionalizada" que padeció México durante siete décadas, una clase política corrupta y procapitalista, montada sobre las aspiraciones revolucionarias del pueblo.
Mientras que el presidente Chávez sigue representando la mayor garantía democrática frente al fascismo, la política oficial de conciliación de clases, la remisión de las conquistas de la lucha popular, y el alejamiento práctico de la propuesta socialista, demuestran que las contradicciones internas del movimiento bolivariano se han ido resolviendo por la derecha de manera sistemática, y este ha sido un proceso que se ha acentuado luego de la reelección presidencial. Un escenario donde el chavismo de derecha copa casi todos los espacios de representación en el Estado, indica la necesidad de una mayor independencia política de los revolucionarios respecto del gobierno, como una condición para que se pueda antagonizar efectivamente con la nueva clase política y la burocracia reformista, sin caer en las estridencias y los sectarismos del ultraizquierdismo, o en el oposicionismo irracional, lo que serviría a los intereses siniestros de la ultraderecha venezolana y el imperialismo. De lo que se trata es de acompañar las luchas más avanzadas del pueblo trabajador, aquellas en las que se evidencia que las contradicciones radicales son de clase, y optando sin excepción por los intereses de la clase trabajadora, como praxis revolucionaria que dé bases concretas al discurso socialista. La base social del chavismo sigue siendo la que requeriría una revolución socialista, estando compuesta básicamente por las mayorías trabajadoras, de tal manera que la profundización de la consciencia de clase del chavismo de base tiene que ser una tarea de primer orden para los revolucionarios. Esto no puede hacerse si se aliena esa base social con un discurso ultraizquierdista y oposicionista: más que constituir una oposición, se trata de mostrar una alternativa revolucionaria real, en la práctica, frente al reformismo oficial.
La reforma constitucional planteada por el presidente Chávez, si bien introduce elementos que podrían conducir a una radicalización de las contradicciones entre trabajo y capital, al definir objetivos económicos democráticos y tomar medidas puntuales como la disminución de la jornada laboral, no cambia ningún aspecto estructural de las relaciones de poder en la sociedad venezolana, al dejar intacta a la gran propiedad productiva. Por otra parte, un texto constitucional nunca es más que un marco general para las leyes, una declaración formal de principios que requieren de voluntad política para su concreción. Luego de esta reforma coyuntural, en Venezuela el dilema del proceso bolivariano seguirá siendo: reforma o revolución.
