No le preocupa la muerte de los Yukpa, niega que son sus familiares, no pide justicia, ni cárcel para sus asesinos, no solicita al Gobierno, a quien dice representar, que se investiguen quiénes perpetuaron la matanza de los jóvenes Yukpa con armas de guerra, sólo le importa cumplir los acuerdos para desviar el asunto culpando una vez más a Sabino que dicho sea de paso no los mató, ni nada tiene que ver con los asesinatos que en el diario La Verdad, falseando los hechos, lo involucran. Estamos ante un “pote de humo” que servirá para encubrir también la responsabilidad del ministerio en el cual trabaja al posponer para el 2014 o 2015 el pago al sector ganadero de las bienhechurías de las haciendas en disputa. Siguiendo la orden de GADEMA agrupa a los otros empleados del Ministerio llamados Caciques Mayores para de nuevo criminalizar al Coordinador de la ONG Sociedad Homo et Natura, Lusbi Portillo (La Verdad, 18/04/12).

La funcionaria del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (MINPI) Amalia Pérez en su afán de proteger al célebre hacendado Reinaldo Soto dueño de las supuestas “136 cabezas de ganado” que Sabino ebrio se iba a robar (Panorama, 17/04/12: Clasificados 5), y a sus sicarios y a un grupos de hombres portadores de armas de guerra, criminaliza una vez más a Sabino y miente a la opinión pública descaradamente a través de sus declaraciones emitidas ayer martes 17 en los diarios regionales La Verdad y Panorama.

Según se comenta en el Sector Gil Blas, donde Soto tiene sus vacas pasteando en la hacienda el Gran Chaparral, al fondo del fundo Los Caños, cuyo presunto propietario es el profesor Julio Berrueta, Amalia Pérez en componenda con los tres factores arriba mencionados, para ocultar las pruebas, decide que a su primo Lorenzo Romero (a) Donal no se le haga la autopsia “por los usos y costumbres de la etnia indígena” (Panorama, 17/04/12: Clasificados 5), lo cual es una falacia, ya que hasta ahora siempre han permitido los familiares de las víctimas indígenas realizar este tipo de indagación forense tan necesaria para descubrir a los asesinos de sus familiares. La familia de Wilfrido Romero al llegar de Toromo al Sector Gil Blas el jefe de la 12 Brigada Caribe del Ejército acantonada en el Fuerte Macoa presente en el lugar de los acontecimientos no le permitió ver el cadáver y no le daba respuesta alguna, por lo tanto ellos no supieron del acuerdo contraído entre representante del MINPI Amalia Pérez con los tres sectores involucrados en el asesinato de los dos jóvenes Yukpa. Se dice que toda esta tramoya la armó no la funcionaria del MINPI sino el abogado de Gadema Alfonso Chacín, uña y sucio de Soto.

Los cuerpos no fueron levantados por el CICPC el domingo 15, como dice la funcionaria del MINCI, sino el lunes a mediodía, y todavía el martes 17 en la tarde los cadáveres no habían sido devueltos a sus familiares. Pérez por un lado, declara que a muerte de los Yukpa se produjo en un enfrentamiento con los parceleros del fundo Los Caños (La Verdad, 17/04/12: e8), y por otro lado, afirma que perdieron la vida en un “enfrentamiento con propietarios y trabajadores del fundo Los Caños (…). El encargado del fundo (…) decidió llamar a los dueños del ganado robado, quienes al parecer decidieron enviar al sitio a un grupo de al menos 30 hombres con armas largas, para impedir la salida de los animales, lo que terminó en un enfrentamiento”. (Panorama, 17/04/12: Clasificados 5). El dueño de las “136 cabezas de ganado” es Reinaldo Soto y no son las vacas de la parcela Los Caños, sino la hacienda el Gran Chaparral del profesor Julio Berrueta.

Es un cuento “real maravilloso ruso” la narración de la subalterna mestiza de la Ministra Nicia Maldonado, al decir: “El suceso se presentó luego que ocho adultos yucpas, y un niño de 9 años, encabezado por Sabino Romero, irrumpiera en el fundo Los Caños, del sector La Estrella robaran 136 cabezas de ganado, y se sentaran a planificar en las instalaciones del predio, ingiriendo licor, la salida y ruta de liberación de los animales”, narró. (Panorama, 17/04/12: Clasificados 5), nadie ingiriendo licor se dispone a robar “136 cabezas de ganado”, mucho menos a pleno día, además, permanecer dos horas planificando dentro del fundo por donde se iban a llevar los animales de una hacienda altamente custodiada. Los que van a robar ganado suelen hacerlo en horas de la noche o en las primeras horas de la madrugada, y sabe por dónde o cómo se lo van a llevar, más si andan con un niño, que según la funcionaria del gobierno tiene 9 años.
Dos o tres horas mínimo permanecieron dentro del fundo los ladrones de ganados planificando y escogiendo los “más grandes” para dar tiempo a que el encargado de la hacienda llamara a su jefe Reinaldo Soto y pudiese recoger 30 hombres armados y dirigirse a la finca ubicada a una hora de Machiques aproximadamente. Todo parece indicar que estamos en presencia de un asesinato preparado con meditación y alevosía de unos jóvenes Yukpa inocentes que andaban en la zona cazando báquiros. Fueron disparos hechos fuera de la finca ubicada dentro del territorio indígena entregado en títulos el 12 de Octubre de 2012 y de una finca por adquirir por el Gobierno que fue abandonada por el profesor Julio Berrueta cuando supo que el gobierno la iba a adquirir. Esto fue una vil matanza parecida a la ocurrida en el último Gobierno del Dr. Rafael Caldera por el Ejército Venezolano en la comunidad Kasmera, por cierto murió Vicentico Ramos un tío de Amalia, también el móvil fue el robo de unas vacas que se le perdió a Tirzo Vargas ex-propietario de la hacienda “Brasil”, hoy comunidad Shirayi, ocupada por la familia de la funcionaria Amalia Pérez.

Exigimos que esta clase de funcionaria no siga trabajando en el Gobierno del Presidente Chávez. Así mismo que se determine qué tipo de arma se usó para masacrar a estos dos jóvenes Yukpa, pues nada de lo que dice la funcionaria de Nicia Maldonado es cierto. Todo es una tramoya, quizás montada por el abogado Chacín, tal como afirman en el Sector “Gil Blas”.