Ante La Emergencia Nacional

Se impone una Candidatura de Consenso que exprese la Voluntad de Cambio de la Nación

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución al Pueblo Venezolano:

La peor emergencia es la que no se reconoce como tal y avanza indetenible ante la indiferencia general.

El gobierno del presidente Maduro está exhibiendo su desprecio por el orden constitucional en relación a todos los ámbitos de la vida nacional.

Se están naturalizado los secuestros, las desapariciones y detenciones arbitrarias de personas, cómo las de Víctor Venegas y Rocío San Miguel, por mencionar a dos de los casos más recientes y notorios por su significación política. Cómo si la gravedad del presunto delito justificara los allanamientos sin orden judicial, las desapariciones y la incomunicación de los detenidos.

Las imputaciones o acusaciones formales, así como la actuación de los tribunales y el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, parecen indicar que existen "listas para llevar" de dirigentes sindicales y activistas políticos de la sociedad civil que enfrentan las políticas del gobierno del presidente Maduro. Sin embargo, esas mismas instituciones llevan once meses sin pronunciarse sobre el escándalo  del ex-Vicepresidente para el Área Económica y ex-Ministro de Energía y Petróleo, Tareck El Aissami, presunto responsable máximo de la desaparición de 23.000 millones de dólares procedentes de cuentas por cobrar de envíos petroleros realizados durante todo el año 2022, según la información dada por el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, no está imputado ni acusado formalmente de nada, ni nadie lo busca, ni está sometido a un proceso judicial abierto. Todo ello a pesar de la debacle humanitaria a la cual contribuyó la ausencia de esos recursos que son propiedad del pueblo venezolano.

Más allá del conflicto de poderes que explica por qué Tareck El Aissami es “inimputable” para el gobierno del presidente Maduro, el hecho es que se ha iniciado una ola de terror llamada "Furia Bolivariana", que en la práctica está resultando ser la exhibición de las condiciones de irrespeto a la Constitución en las que va a transcurrir el año 2024, año en el que la Constitución Nacional ordena la realización de elecciones presidenciales.

Los sucesos de Petare durante la primera semana del pasado mes de febrero son, en relación a esta exhibición de permanente violación de la Constitución, las leyes y las instituciones, un hecho que, por su gravedad y por el mensaje que nos envía como sociedad, no podemos pasar por alto. En efecto, la Policía del Municipio Sucre (PoliSucre) alertada por denuncias de las diferentes comunidades, en relación a alcabalas instaladas por grupos irregulares armados para extorsionar a los ciudadanos que circulan por la vía pública, sorprendieron y detuvieron en flagrancia a 18 hombres desvalijando un galpón en las adyacencias a Fila de Mariches, a quienes les decomisaron las armas que portaban ilegalmente y a quienes, ya en conjunto con la Policía del Estado Miranda (PoliMiranda) que se incorporó al procedimiento, privaron de libertad a este grupo irregular y los llevaron a las instalaciones tanto de PoliSucre como de PoliMiranda, desde donde se procedió a informar al Ministerio Público de estos hechos.

Esa misma noche, un grupo de unos cien hombres uniformados de negro y fuertemente armados, quienes se identificaron como integrantes del colectivo "De cara al río", secuestraron con sus conductores a decenas de unidades de transporte público para bloquear todas las vías de acceso al módulo de PoliSucre en Petare y arremetieron contra éste causando destrozos al inmueble y descargaron frente a éste un camión de basura, que posteriormente fue incendiada. En la arenga, profusamente difundida, del no identificado vocero del mencionado colectivo, acusó a PoliSucre de ser una policía opositora.

Tras un tiempo en el que no quedó esclarecido el hecho, se conoció que llegó para mediar en el conflicto entre aquel grupo irregular fuertemente armado y los efectivos de PoliSucre atrincherados en las instalaciones de la institución, el General Elio Estrada Paredes, comandante de la GNB y viceministro del Sistema Integrado de Policía. Una versión dice que se presentó en la sede de PoliSucre e “instruyó” a la Fiscal Superior Aramay Terán para que dejara sin efecto el procedimiento policial. Otra versión dice que cuando llegó, traía consigo las órdenes de libertad para los detenidos, firmadas por dicha Fiscal Superior. En todo caso los detenidos quedaron en libertad y se les devolvió el armamento que portaban ilegalmente.

Si esto no constituye una emergencia nacional, ¿entonces qué cosa lo es?

Callaron para la historia José Vicente Rangel Ávalos, alcalde del municipio Sucre y Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, ambos miembros de la Dirección del PSUV. Las policías de las que ellos son comandantes, PoliSucre y PoliMiranda respectivamente, deben tener la moral muy alta ante “tan gallarda” actitud.

Calló también el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, a pesar de que el Ministerio Público a su cargo había sido debidamente notificado del procedimiento policial.

A pesar de que los acontecimientos siguen sin tener lo que llamaríamos una "versión oficial", lo que le queda claro a la sociedad venezolana, ya que el General Elio Estrada Paredes, comandante de la GNB y viceministro del Sistema Integrado de Policía, no fue desmentido ni desautorizado por sus superiores jerárquicos, es que pareciera que hay grupos irregulares ilegalmente armados que se dicen formar parte del "equipo" del gobierno del presidente Maduro. Eso se encargaron de restregárnoslo.

De nuevo la pregunta: Si eso no es la disolución de la República y sus instituciones, ¿qué cosa lo es?

Si eso no es terrorismo de Estado, ¿qué cosa lo es?

Nos aproximamos al análisis de la coyuntura electoral desde esta situación de emergencia nacional que hemos caracterizado.

Partimos de dos convicciones. La primera es que el próximo gobierno, tras la derrota electoral de Nicolás Maduro, tiene que ser un gobierno de unidad nacional que asuma la misión de atender la emergencia social compleja, de impulsar el proceso de restablecimiento de la institucionalidad democrática a través de la plena vigencia de la Constitución y la construcción de la nueva Venezuela con base en un proyecto país consensuado que resulte de una amplia consulta a la Nación.  Para ser un gobierno de unidad nacional no puede ser el gobierno de alguien, o algunos y algunas, en particular. No es el gobierno de nosotros. Es el gobierno de nosotros con todos los otros que no somos nosotros.

Lo segundo es que la elección de Elvis Amoroso en la presidencia del CNE, revela clamorosamente la estrategia del gobierno de fomentar la abstención que le permita salvarse electoralmente como en el 2018, y transparenta un pánico ante las elecciones presidenciales de 2024, lo cual permite pronosticar nuevas y mayores provocaciones. Una de esas provocaciones que están en el orden del día, es la decisión del CNE de adelantar la fecha de las elecciones para el 28 de julio del corriente, con un evidente propósito ventajista de aprovechar el hecho de que la oposición aún no ha logrado presentar una candidatura de consenso para estimular la abstención, pretendiendo así burlar la voluntad de cambio que tiene al menos el  80% de la población, como señalan los últimos estudios de opinión.

Nadie ignora que la Constitución Nacional reserva al CNE, en forma exclusiva y excluyente, la responsabilidad de elaborar el cronograma electoral que garantice el cumplimiento de los procesos que establece la Ley. Pero había que hacer, cómo en el caso de Petare, una puesta en escena de cómo el poder se regodea en el poder. Así se montó el show de "democracia participativa y protagónica" del PSUV en la Asamblea Nacional, con la puesta en escena  de una “consulta” a los partidos y organizaciones de la  sociedad civil en torno al cronograma electoral, con el propósito de disimular su desesperada necesidad de fijar las elecciones presidenciales cuanto antes, aprovechando la proliferación de candidaturas en la oposición, y la sectaria y prepotente negativa de María Corina Machado y su equipo a debatir con otros sectores de la oposición en torno la necesidad de dar paso a otra opción electoral que pueda derrotar a Maduro, ante el hecho de que está claro que el gobierno no le permitirá inscribir su candidatura en el CNE: “No hay plan B”

Esa definición del cronograma electoral en base a la conveniencia del gobierno/PSUV era necesario restregarla por su fuerte contenido abstencionista.

Estamos frente a una gravísima emergencia nacional. La rendija de las elecciones presidenciales como vía de expresión de la sociedad se degrada y se reduce con el tiempo. La permanente incitación a la abstención, en los hechos, que no en los dichos, por parte del gobierno/PSUV, pretende descarrilar la voluntad de participación electoral expresada por la sociedad venezolana. El desconocimiento de las múltiples causas de la división de la oposición no fomenta mágicamente la unidad. Lo que puede propiciar la unidad es, desde la diferencia, la proposición de un punto hacia el que nos sea posible confluir sin dejar de ser lo que cada quien es y representa, sin dejar de creer lo que se cree, cargando cada quien con su trayectoria y también con su proyecto político.

Para lograr esta confluencia del conjunto de la sociedad venezolana que aspira a utilizar estas elecciones para salir del gobierno de Maduro, se requiere un programa mínimo orientado a la recuperación de la democracia y el respeto a la Constitución Nacional y para responder a la profunda crisis humanitaria que se vive en el país, y una candidatura capaz de representar estos objetivos.  Una candidatura que tenga el perfil y la disposición a conducir el país hacia un mejor destino mediante el diálogo y el consenso, a través de un cambio pacífico y democrático, con una visión de Estado que deje atrás la polarización estéril y en su lugar, promueva el encuentro entre los venezolanos  y el retorno  de los millones de compatriotas que emigraron, para crear las condiciones que permitirán la recuperación económica y las transformaciones necesarias que harán posible la construcción de la nueva Venezuela, libre e independiente de cualquier injerencia de intereses externos.

Una candidatura que motive a las organizaciones políticos opositoras en todo su espectro, para que atiendan el llamado urgente que está haciendo el país nacional, a que prioricen ésta “gran misión” respecto de los proyectos políticos individuales. Una candidatura que motive a las agrupaciones de izquierda que reconocen que es tal el daño que le ha hecho este gobierno a toda noción de “izquierda” o de “socialismo”, que no es posible en esta coyuntura pretender una candidatura propia. Se requiere una candidatura que sea capaz de convocar a los movimientos y organizaciones sociales, a los trabajadores, a las mujeres, los jóvenes, a los pueblos indígenas, a los intelectuales, a los pequeños y medianos productores del campo, a la iglesia y los sectores democráticos del empresariado.

Como Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, hacemos el planteamiento de la necesidad de respaldar una candidatura que represente la posibilidad de un amplio acuerdo democrático, que unifique al espectro político que rechaza el régimen autoritario existente. Una candidatura que, en lugar de promover la acentuación de la división del país, represente la posibilidad del reencuentro nacional, de la construcción de una transición hacia la recuperación de la democracia y la vigencia de la Constitución. Y, muy importante en esta compleja coyuntura, una candidatura que difícilmente pueda ser inhabilitada por el gobierno.

El diverso y policromo país que tiene que sumar esfuerzos para la solución de ese gravísimo problema, y para detener la trayectoria en caída libre que avanza hacia la disolución de la República, como lo demuestran los sucesos de Petare, no será convocado por una parcialidad política, ni por un paracaidista simpático de los que les tienen asco a los partidos políticos. Sólo podrá hacerlo quien no signifique la derrota de alguien distinto a Nicolás Maduro Moros, quien no desdibuje, sino que, por el contrario, afirme a quienes asisten a su convocatoria.

Ante la decisión del CNE controlado por el gobierno/PSUV de achicar el cronograma electoral, al fijar la fecha de las elecciones presidenciales a su conveniencia para el próximo de 28 de julio,  lo sensato es unificar las fuerzas para apoyar a un candidato electoralmente hábil para derrotar a Maduro en los próximos comicios.

Al sentimiento de cambio compartido tan apabullantemente, le hace falta una propuesta electoral que lo haga posible. Lo peor que le puede pasar al país es que se imponga una opción, que por más radical que parezca, termine consolidando al gobierno de Maduro. Por esa razón, desde la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución abogamos por la construcción de un programa y una candidatura que unifique la voluntad de cambio existente alrededor del mismo.

Santiago Arconada, Gustavo Márquez, Héctor Navarro, Roberto López, Luis Mogollón, Ana Viloria, Edgardo Lander, Juan García y Oly Millán.

Caracas 7 de marzo 2024